“la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública son principios jurídicos y valores éticos de la práctica democrática que debemos fortalecer y promover dentro de efectivos programas y estrategias nacionales de formación ciudadana”

Declaración de Margarita 1998

Transparencia Internacional Costa Rica (TI-CR) en el marco de su programa regular de Iniciativas coyunturales en defensa de la democracia y la rendición de cuentas , cuya finalidad es atender casos relevantes propiciando la reflexión y participación de la ciudadanía en el manejo y fiscalización de la cosa pública, desea hacer del conocimiento público los resultados de las interrogantes que una consulta ciudadana efectuada durante los últimos doce meses reveló sobre el desarrollo a través de tres administraciones: Figueres Olsen , Rodríguez Echeverría y Pacheco De la Espriella, del Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Juan Santamaría.

Preocupada la ciudadanía hace un llamado para darle contenido real y concretar de manera efectiva la transparencia y rendición de cuentas en un caso coyuntural por su importancia estratégica para el desarrollo socioeconómico del país, los sectores productivos, la competitividad y los enormes recursos de inversión del país calculados en cientos de millones de dólares.

La ciudadanía en un tema de tanta trascendencia nacional desea que los medios de comunicación, la institucionalidad pública, privada y académica del país conjuntamente con la sociedad civil , acepten el reto de contribuir a superar la propaganda y la información ligera sustituyéndola por una discusión amplia que propicie un efectivo debate informado , razonado , equilibrado, equitativo e incluyente.

I. El interés público el elemento principal de las decisiones

La presencia de un interés público es el primer elemento que se debe determinar en el caso de la gestión interesada. Se entiende por “interés público” la existencia de necesidades públicas que deben ser satisfechas: el beneficiario de las obras concesionadas debe ser el usuario final integrado por la ciudadanía y los sectores productivos. Representa un beneficio social que debe verse reflejado en precios razonables, servicios de calidad y accesibles a la mayor cantidad de usuarios.

Por otro lado, el interés público también implica que exista una ventaja económica para el Estado:

· Que realmente sea más barato para el Estado concesionar la obra o la prestación del servicio que hacerlo por su cuenta con las mismas condiciones de servicio y calidad, o

· Si el Estado del todo no está en capacidad de realizar la obra o prestar el servicio, entonces que el costo sea el menor posible según las características de la obra o del servicio, y dadas las necesidades que el Estado pretende satisfacer.

Es por ello que la ciudadanía expresa la necesidad de que la institucionalidad del país responda con claridad al menos las siguientes preguntas:

¿El Poder Ejecutivo puede garantizar fehacientemente que el gestor interesado (ALTERRA) ha cumplido con el Estado costarricense a la fecha con todos los términos del contrato original acordado por 20 años respecto al menos lo correspondiente a: gastos de desarrollo, inversiones, obras, operación y mantenimiento, tarifas entre otros, en pro del interés y servicio público en el tiempo, costo y oportunidad establecidos?

¿Qué acciones ha tomado la Contraloría General de la República para garantizar el cumplimiento vinculante y de acatamiento obligatorio que por mandato legal tienen sus más de ocho informes hasta la fecha?

¿Cuáles medidas efectivas han tomado otras instituciones del país involucradas: MOPT, CETAC, Órgano Fiscalizador , Órgano Director , Procuraduría General de República, Poder Judicial para garantizar el cumplimiento del contrato, los señalamientos de la Contraloría ; los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos y/o el resarcimiento de los daños y perjuicios para evitarle a la sociedad costarricense asumir costos de eventuales incumplimientos del concesionario/gestor?

II. La rendición de cuentas una obligación del Estado

La rendición de cuentas representa el grado en que se cumple la obligación del Estado de informar de manera veraz, completa, oportuna a través de un aparato institucional con facultades jurídicas, capacidades administrativas y técnicas para sujetar su poder delegado al imperio de la ley. Es una práctica o comportamiento continuo y que se repite en el tiempo. Como relación social se debe entender su significado, son parte de un tejido de obligaciones y derechos que los rodea y los vincula, normando sus comportamientos actuales y generando expectativas de presente y hacia el futuro.

Es por ello que la ciudadanía plantea a las autoridades públicas correspondientes las siguientes preguntas:

¿Las negociaciones y renegociaciones (decretos, adendums, etc.) del contrato original de ALTERRA y los representantes de los últimos tres Gobiernos han sido transparentes para los integrantes de los órganos del Estado responsables de aprobarlas o para la ciudadanía?

¿Cuáles sanciones económicas, legales, administrativas o políticas se han tomado en relación con eventuales incumplimientos del deber de cuidado o de dar explicaciones por parte de las autoridades competentes que han estado involucradas?

III. El derecho a la información y de participación

El derecho a la información pública con el propósito de difundirla y el que sirve para satisfacer directamente el interés del ciudadano son garantizados por nuestra Constitución Política. El objeto del derecho a la información es el de acceder a un conjunto de documentos de carácter público que tienen ese carácter por estar relacionados con actividades que interesan a todos los integrantes de la comunidad. Instrumento imprescindible para que la ciudadanía pueda actuar a tiempo y eficientemente.

No se puede hablar de diálogo y participación sino se construyen los puentes para que ello suceda. La incorporación de la sociedad civil debe aprovechar los aciertos y desaciertos de los gobiernos para crear canales de comunicación entre el sector no gubernamental, las autoridades públicas, privadas, académicas, políticas y los medios de comunicación.

Existe un interés real de la ciudadanía de participar en forma más activa en la vida pública, de darle contenido al derecho a la información, que reclama una posición que va más allá de la mera participación electoral en forma periódica. De contribuir a reducir el debilitamiento de los partidos políticos y la pérdida de confianza hacia sus representantes. La ciudadanía considera que el país se encuentra en una situación propicia debido al proceso electoral que se avecina para que dentro de la oferta electoral se responda con profundidad y seriedad a la ciudadanía:

¿Cuál es la posición de cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República respecto del Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Juan Santamaría?

¿Qué tienen que decir al país sobre ese contrato los empresarios nacionales que participan como socios en ALTERRA: Agencia Datsun; CORMAR, EDICA y cuál es su participación en el proceso electoral en términos de financiamiento de las campañas?

¿Frente a las siguientes tres opciones posibles para enfrentar los desafíos y las necesidades del Aeropuerto Juan Santamaría a saber: 1. contrato a toda costa; 2. que se cumpla con lo inicialmente pactado o 3. rescindir el contrato, cuál es la posición razonada de cada uno de los candidatos?

¿Cuáles medidas de orden organizativo y de gestión, en caso de ganar las elecciones, tomará para garantizar a futuro en contratos similares de concesión: el interés público, reglas claras y apegadas a derecho para ofrecer efectiva transparencia a potenciales y valiosos inversionistas?

¿Cuáles medidas, en caso de ganar las elecciones, tomará para garantizar la exigencia real de rendición de cuentas efectivas a los funcionarios públicos que han participado en el proceso del Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Juan Santamaría y que por ejemplo se señalan en los Informes de Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa?

Transparencia Internacional Costa Rica (TI-CR) reitera, una vez más, su amplia disposición para contribuir al desarrollo y apertura de espacios de análisis y reflexión que respondan a la demanda ciudadana en temas de trascendencia pública como el que nos ocupa así como, la de generar y participar en espacios donde libremente se expresen los consensos y disensos , confluyan las diversas posiciones y se propicie el diálogo informado , elemento indispensable en la profundización de la democracia costarricense.